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Legal14 de julio de 2022 · 6 min de lectura

Lummis-Gillibrand: el proyecto que intentó ordenar el caos crypto

B&P Consulting

El proyecto Lummis-Gillibrand buscó dividir activos digitales en commodities, valores y auxiliares. Qué pasó con esa iniciativa y qué cambió desde entonces.

Lummis-Gillibrand: el proyecto que intentó ordenar el caos crypto

El proyecto que todos esperaban

En julio de 2022, las senadoras Cynthia Lummis y Kirsten Gillibrand presentaron el Responsible Financial Innovation Act. Un documento de 68 páginas que intentaba poner orden en el caos regulatorio que venía paralizando a la industria crypto en Estados Unidos.

El proyecto reconocía algo obvio: demasiada regulación mata la innovación, pero la regulación incierta también. Nadie va a dedicar tiempo, capital y esfuerzo a construir algo si existe la posibilidad de que mañana le digan que todo era ilegal.

El problema real estaba en cómo Estados Unidos regula sus mercados financieros. Tenés agencias independientes cuyas jurisdicciones se superponen, generan confusión y hacen que cumplir las reglas sea casi imposible. La SEC y la CFTC (Commodity Futures Trading Commission) eran las protagonistas de este desorden. Y el proyecto intentaba definir quién hacía qué.

La propuesta central: dividir el mundo crypto en tres

El proyecto Lummis-Gillibrand buscaba clasificar los activos digitales en tres categorías bien diferenciadas:

Commodities: activos digitales que funcionan como materias primas negociables.

Valores: activos que califican bajo el Howey Test como contratos de inversión y que, por ende, caen bajo la SEC.

Activos auxiliares: tokens sin expectativas de ganancias derivadas del esfuerzo de terceros.

Bajo esta estructura, la mayoría de los activos crypto hubieran caído bajo la jurisdicción de la CFTC. Pero para que eso sucediera, los emisores de activos auxiliares tenían que hacer divulgaciones obligatorias a la SEC: modelo de negocio, situación financiera, plan para proteger a los usuarios en caso de quiebra.

Si cumplías con eso, tu token pasaba a ser tratado como commodity. Si no, quedabas en un limbo regulatorio peligroso.

Stablecoins: un intento de compromiso

El proyecto también abordaba las stablecoins. Y acá el texto buscaba un equilibrio entre quienes querían que solo los bancos las emitieran y quienes pedían libre emisión.

La propuesta permitía tanto a bancos como a entidades no bancarias emitir stablecoins. Pero las entidades no bancarias tenían que cumplir con requisitos de liquidez y trabajar con reguladores federales.

Las algo-stablecoins (aquellas respaldadas por algoritmos en lugar de activos tangibles) quedaban prohibidas directamente. Esto tiene sentido si mirás lo que pasó con Terra/Luna en mayo de 2022, apenas dos meses antes de que se presentara el proyecto.

¿Qué pasó desde entonces? Las stablecoins siguieron creciendo. En 2026, USDC y USDT siguen dominando el mercado. Pero la claridad regulatoria que prometía el proyecto nunca llegó de la forma esperada. En muchos casos, los emisores de stablecoins operan bajo acuerdos informales con reguladores estatales o bajo regímenes de money transmitter licenses, que varían según el estado. Si te preguntás si es peligroso tener dinero en exchanges o fintechs, la respuesta corta es: depende de quién y bajo qué jurisdicción.

Los seis puntos que el proyecto intentaba resolver

El documento cubría seis áreas específicas:

1. Claridad terminológica: definiciones sólidas de "activo digital", "distributed ledger technology", "commodity digital", entre otros. Hoy esas definiciones siguen siendo vagas o inexistentes en la mayoría de los marcos regulatorios.

2. División de autoridad entre SEC y CFTC: el proyecto proponía que la CFTC tuviera más autoridad sobre activos digitales considerados commodities, mientras que la SEC mantendría jurisdicción sobre valores. En 2026, esa batalla sigue sin resolverse del todo. La SEC continuó llevando casos a los tribunales (como los de Ripple, Coinbase y Binance), con resultados mixtos.

3. Políticas sobre stablecoins: ya mencionadas arriba. No se legisló nada concreto. Los emisores siguen operando en zonas grises.

4. Claridad fiscal: el proyecto proponía que si usabas crypto como medio de intercambio y la apreciación era insignificante, no tenías que pagar impuestos por esas transacciones. Esto nunca se implementó. Hoy, cada transacción crypto sigue siendo un evento imponible bajo las normas del IRS, sin importar el monto.

5. Expectativas a nivel estatal: el proyecto buscaba definir cómo los estados podían regular crypto sin generar conflictos con el nivel federal. Hoy seguimos viendo estados como Nueva York con BitLicense y otros sin regulación específica.

6. DAOs: el proyecto daba pasos iniciales para establecer marcos legales para organizaciones autónomas descentralizadas. Esto sigue sin existir. Las DAOs operan sin personalidad jurídica clara en la mayoría de las jurisdicciones.

Lo que faltaba y sigue faltando

El proyecto no abordaba tres temas importantes:

Seguros para exchanges y custodios: ¿qué pasa si un exchange quiebra o es hackeado? En 2022 esto no estaba resuelto. En 2026 tampoco. FTX colapsó en noviembre de 2022, apenas meses después de que se presentara el proyecto. Los usuarios perdieron miles de millones. El seguro FDIC no cubre exchanges ni wallets. Si querés entender bien cómo funciona esa cobertura, te recomendamos leer qué es la FDIC y a quién protege realmente.

Mercados calificados: ¿quién puede acceder a ciertos productos crypto y bajo qué condiciones? El proyecto no lo aclaraba.

NFTs: el documento no mencionaba los non-fungible tokens. Y esto es un problema porque algunos NFTs pueden calificar como valores bajo el Howey Test (¿te acordás de los tokens de Bored Ape con promesas de utilidad futura?). En 2026, la SEC y la CFTC siguen sin definir un marco claro para NFTs.

¿Qué pasó con el proyecto?

El Lummis-Gillibrand nunca fue aprobado. Quedó en comisión y nunca llegó a votación en el Senado.

¿Por qué? Porque el contexto cambió. En noviembre de 2022, FTX colapsó. La narrativa sobre crypto pasó de "necesitamos reglas claras para fomentar innovación" a "necesitamos reglas duras para evitar otro FTX". Y en ese clima, un proyecto que buscaba dar más libertad operativa a la industria no tenía chance.

Desde entonces, la SEC bajo Gary Gensler intensificó las acciones de enforcement. Casos como los de Ripple (con resultado parcialmente favorable a Ripple en 2023), Coinbase y Binance marcaron el tono. La regulación por litigio reemplazó a la regulación por ley.

¿Qué cambiará en los próximos años?

En 2026, la administración Trump anunció un enfoque más favorable hacia crypto. Hay rumores de cambios en la conducción de la SEC y de un posible retorno a proyectos legislativos similares al Lummis-Gillibrand. Pero hasta ahora no hay nada concreto.

Lo que sí está claro es que la industria ya no espera claridad regulatoria para operar. Los proyectos se estructuran offshore, usan jurisdicciones como Suiza, Singapur o las Islas Vírgenes Británicas, y operan en Estados Unidos con la menor huella posible. Esto se conecta directamente con por qué quienes más crypto tienen buscan estructuraciones eficientes para sus patrimonios.

¿Esto es ideal? No. Pero es lo que funciona cuando la regulación incierta paraliza más que la ausencia de regulación.

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